A principios de este año la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español constituida por acuerdo del consejo de Ministros del 5 de Julio de 2013 ha publicado su informe.
Previsiblemente, el próximo Consejo de Ministros abordará la reforma fiscal, una de las de mayor calado de cuantas se hayan puesto en marcha en nuestro país en los últimos tiempos, puesto que variará notablemente los más importantes impuestos y posiblemente muchos procedimientos de nuestro sistema tributario.
Los expertos explican en su informe que la reforma que proponen parte de los parámetros previamente indicados por el Gobierno y de las apreciaciones de los organismos internacionales y así, entre otras, esta reforma fiscal tendrá que tener en cuenta cuestiones tan desconocidas para el contribuyente de a pié y financiador de la reforma como el déficit público, el equilibrio presupuestario, la financiación del modelo de Estado a través de las Comunidades Autónomas, la organización del mercado interior único o la competitividad de España en el concierto internacional.
Junto a esto, la reforma planteará también cuestiones como incentivos fiscales a ciertas actividades o sectores; la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social frente a la previsible, aunque de momento descartada, subida en el IVA; el peso que ha de tener la imposición directa y la indirecta; o las consecuencias entre aplicación de tipos impositivos progresivos o proporcionales. Todos estos cambios responden, según han señalado diferentes miembros del Gobierno en múltiples ocasiones, al objetivo de favorecer la situación económica de España.
Pero el mix de impuestos que surja de la reforma, además de servir de herramienta en la consecución de los objetivos macroeconómicos del Gobierno, debería hacer un esfuerzo de explicación sobre la incidencia para el ciudadano.
¿Por qué no se pone en marcha, por parte de la administración, un modelo en el que cada ciudadano pueda saber de forma fácil y directa lo que aporta a las arcas del Estado por todos los conceptos? ¿Por qué no se le pone un límite en las leyes a esta aportación, imponiendo a la administración la misma eficacia que el particular tiene que aplicar en su vida cotidiana, para que se puedan conseguir los objetivos macroeconómicos por la vía del buen hacer y no a base de pedir más dinero al ciudadano?
¿O no tiene derecho el ciudadano contribuyente de a pie, con lo mucho que ha cambiado su vida y su economía en estos últimos años de crisis, a sospechar que sus intereses no estuvieron bien administrados por quienes, teniendo la obligación (para ello se les elige) de anticiparse a los acontecimientos y poner antes todos los medios para su protección, se negaron a admitir la existencia de la crisis?
¿No tiene derecho el ciudadano a un sentimiento de indignación cuando se le ha culpado de la crisis al señalar que se ha dedicado a gastar como un histérico y a vivir por encima de sus posibilidades, sin pensar, pobres de nosotros, en las variables macroeconómicas del asunto? ¿Es que podría haber aportado algo el ciudadano contribuyente de a pie para que no se produjera la famosa burbuja inmobiliaria?
Las preguntas que me hago son múltiples. Creo que los ciudadanos, entre los que me incluyo, tenemos derecho a contar con una administración pública que se responsabilice de lo que no hizo o hizo mal, en lugar de tomar como norma de actuación –bajo gobiernos de uno y otro signo- presentarnos los problemas como hecho consumado.
Pues, y siguen las preguntas, ¿qué más le da al ciudadano que le bajen el impuesto A si le están subiendo el impuesto B y al final le va a salir más dinero del bolsillo?
¿No es responsabilidad de nuestra administración luchar contra los paraísos fiscales o es que el ciudadano monta un paraíso fiscal en un fin de semana porque no tiene mejor cosa que hacer?
Considero que el ciudadano nunca podrá ver la posible bondad del nuevo sistema si, de forma paralela a la norma, no se fijan objetivos claros de mejora continua en la utilización de los impuestos que se recaudan y de mejora de la eficiencia los fondos por parte de la Administración Pública. En definitiva, algo semejante a lo que cada ciudadano tiene que hacer de forma cotidiana para gestionar la economía doméstica en su hogar.
Ricardo Palleiro es asesor fiscal y auditor, y profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la UDC
Previsiblemente, el próximo Consejo de Ministros abordará la reforma fiscal, una de las de mayor calado de cuantas se hayan puesto en marcha en nuestro país en los últimos tiempos, puesto que variará notablemente los más importantes impuestos y posiblemente muchos procedimientos de nuestro sistema tributario.
Los expertos explican en su informe que la reforma que proponen parte de los parámetros previamente indicados por el Gobierno y de las apreciaciones de los organismos internacionales y así, entre otras, esta reforma fiscal tendrá que tener en cuenta cuestiones tan desconocidas para el contribuyente de a pié y financiador de la reforma como el déficit público, el equilibrio presupuestario, la financiación del modelo de Estado a través de las Comunidades Autónomas, la organización del mercado interior único o la competitividad de España en el concierto internacional.
Junto a esto, la reforma planteará también cuestiones como incentivos fiscales a ciertas actividades o sectores; la rebaja de las cotizaciones a la seguridad social frente a la previsible, aunque de momento descartada, subida en el IVA; el peso que ha de tener la imposición directa y la indirecta; o las consecuencias entre aplicación de tipos impositivos progresivos o proporcionales. Todos estos cambios responden, según han señalado diferentes miembros del Gobierno en múltiples ocasiones, al objetivo de favorecer la situación económica de España.
Pero el mix de impuestos que surja de la reforma, además de servir de herramienta en la consecución de los objetivos macroeconómicos del Gobierno, debería hacer un esfuerzo de explicación sobre la incidencia para el ciudadano.
¿Por qué no se pone en marcha, por parte de la administración, un modelo en el que cada ciudadano pueda saber de forma fácil y directa lo que aporta a las arcas del Estado por todos los conceptos? ¿Por qué no se le pone un límite en las leyes a esta aportación, imponiendo a la administración la misma eficacia que el particular tiene que aplicar en su vida cotidiana, para que se puedan conseguir los objetivos macroeconómicos por la vía del buen hacer y no a base de pedir más dinero al ciudadano?
¿O no tiene derecho el ciudadano contribuyente de a pie, con lo mucho que ha cambiado su vida y su economía en estos últimos años de crisis, a sospechar que sus intereses no estuvieron bien administrados por quienes, teniendo la obligación (para ello se les elige) de anticiparse a los acontecimientos y poner antes todos los medios para su protección, se negaron a admitir la existencia de la crisis?
¿No tiene derecho el ciudadano a un sentimiento de indignación cuando se le ha culpado de la crisis al señalar que se ha dedicado a gastar como un histérico y a vivir por encima de sus posibilidades, sin pensar, pobres de nosotros, en las variables macroeconómicas del asunto? ¿Es que podría haber aportado algo el ciudadano contribuyente de a pie para que no se produjera la famosa burbuja inmobiliaria?
Las preguntas que me hago son múltiples. Creo que los ciudadanos, entre los que me incluyo, tenemos derecho a contar con una administración pública que se responsabilice de lo que no hizo o hizo mal, en lugar de tomar como norma de actuación –bajo gobiernos de uno y otro signo- presentarnos los problemas como hecho consumado.
Pues, y siguen las preguntas, ¿qué más le da al ciudadano que le bajen el impuesto A si le están subiendo el impuesto B y al final le va a salir más dinero del bolsillo?
¿No es responsabilidad de nuestra administración luchar contra los paraísos fiscales o es que el ciudadano monta un paraíso fiscal en un fin de semana porque no tiene mejor cosa que hacer?
Considero que el ciudadano nunca podrá ver la posible bondad del nuevo sistema si, de forma paralela a la norma, no se fijan objetivos claros de mejora continua en la utilización de los impuestos que se recaudan y de mejora de la eficiencia los fondos por parte de la Administración Pública. En definitiva, algo semejante a lo que cada ciudadano tiene que hacer de forma cotidiana para gestionar la economía doméstica en su hogar.
Ricardo Palleiro es asesor fiscal y auditor, y profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la UDC