El Consejo de Ministros del día 18 de septiembre recibió el informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Sería la hora de hacer balance. Sin embargo eran tantas las ganas del gobierno en dar buena imagen que algún medio acreditado llegó a publicar que había medidas inminentes o sobre la mesa.
Esta Comisión, creada en junio de 2012, presentó una auditoría en junio de 2013. El actual informe establece un paquete de más de 200 medidas, de las cuales 45 ya se ha implantado. Muchas de estas medidas son muy técnicas y tampoco se ha facilitado más información de la simple mención.
El Sector Público se ha visto en la necesidad de cuadrar las cuentas, de reducir un déficit anual insostenible que iba incrementando año tras año la deuda pública. Al inicio de la legislatura, por cada cuatro euros ingresados se gastaban cinco. En volumen, el déficit era de unos 100.000 millones de euros cada año que se iban acumulando y que nos ha llevado a una deuda pública del millón de millones, 21.000 euros por cabeza si se hiciera una derrama.
Las medidas de contención del déficit se han orientado a la reducción del gasto (recortes), el aumento del ingreso (IVA, IRPF, tasas ...), la privatización de servicios, la venta de activos y la limitación de la inversión. En cuanto a las transferencias, se han reducido las de los particulares y han aumentado extraordinariamente las aportaciones al sistema financiero.
La combinación de estas medidas tiene un carácter marcadamente político: hay quien preferirá reducir el gasto militar, otros querrán suprimir el Senado, otros disminuir el coste de la población reclusa o de los cargos de confianza. Ahora bien, aparte de eso, previo a la discusión de lo que es necesario o no, la racionalización pasa por tener un buen sistema de evaluación de las políticas públicas.
Esta es una asignatura pendiente desde hace muchos años, que cuando intentó abordar por ejemplo el ministro Jordi Sevilla, fracasó por la sencilla razón de que el sistema político es clientelista. Un AVE, que puede costar de 17 a 25 mil millones de euros, se hace por compromisos políticos y no atendiendo al impacto sobre la economía, porque si no, se haría otra inversión. El coste de un AVE es equivalente al de unos Juegos Olímpicos.
Para evaluar, lo primero que hay que tener, y no tenemos, es información. Si alguien se pone en contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Fomento para conocer los balances y el informe que hicieron unos auditores de las autopistas radiales de Madrid que el Estado absorbe, le contestan con largas. Si alguien quiere conocer el estado de las concesiones administrativas de una administración (valor del contrato, años de concesión, ...) lo tendrá extraordinariamente difícil, cuando se trata de una información que mejoraría la competencia. También es dificilísimo saber qué empresas tiene una administración y conocer sus auditorías.
A pesar de que se haya aprobado una ley de transparencia, lo que supone cierta mejora, la información económica en el sector público es insuficiente. Y eso liga, probablemente, con el problema de la corrupción, que por cierto el informe de la CORA no menciona en ningún momento.
Cuando se detecta un caso de corrupción, aparte del escándalo, hay dos cosas que horrorizan a cualquiera que esté interesado en la racionalización del sector público. La primera es que económicamente lo más importante no es el dinero que alguien tenga en Suiza o lo que haya podido defraudar al fisco (esto es el chocolate del loro), sino el gasto público injustificado que se haya podido hacer, que puede ser multimillonario.
La segunda cosa que debería temblar los racionalizadores de la CORA, observando el contenido de los sumarios de corrupción, es que los circuitos de contratación pública hacen aguas o tienen debilidades gravísimas que pueden afectar departamentos enteros. Ya no es cuestión de que se hagan inversiones por un compromiso político en vez de atender el impacto económico, sino que se puedan hacer por compromiso con alguna empresa.
Esto sí que resulta innecesariamente costoso, y si no lo abordan, corren el riesgo de añadir aún más costes, con controles y medidas que no arreglen el problema.
Esta Comisión, creada en junio de 2012, presentó una auditoría en junio de 2013. El actual informe establece un paquete de más de 200 medidas, de las cuales 45 ya se ha implantado. Muchas de estas medidas son muy técnicas y tampoco se ha facilitado más información de la simple mención.
El Sector Público se ha visto en la necesidad de cuadrar las cuentas, de reducir un déficit anual insostenible que iba incrementando año tras año la deuda pública. Al inicio de la legislatura, por cada cuatro euros ingresados se gastaban cinco. En volumen, el déficit era de unos 100.000 millones de euros cada año que se iban acumulando y que nos ha llevado a una deuda pública del millón de millones, 21.000 euros por cabeza si se hiciera una derrama.
Las medidas de contención del déficit se han orientado a la reducción del gasto (recortes), el aumento del ingreso (IVA, IRPF, tasas ...), la privatización de servicios, la venta de activos y la limitación de la inversión. En cuanto a las transferencias, se han reducido las de los particulares y han aumentado extraordinariamente las aportaciones al sistema financiero.
La combinación de estas medidas tiene un carácter marcadamente político: hay quien preferirá reducir el gasto militar, otros querrán suprimir el Senado, otros disminuir el coste de la población reclusa o de los cargos de confianza. Ahora bien, aparte de eso, previo a la discusión de lo que es necesario o no, la racionalización pasa por tener un buen sistema de evaluación de las políticas públicas.
Esta es una asignatura pendiente desde hace muchos años, que cuando intentó abordar por ejemplo el ministro Jordi Sevilla, fracasó por la sencilla razón de que el sistema político es clientelista. Un AVE, que puede costar de 17 a 25 mil millones de euros, se hace por compromisos políticos y no atendiendo al impacto sobre la economía, porque si no, se haría otra inversión. El coste de un AVE es equivalente al de unos Juegos Olímpicos.
Para evaluar, lo primero que hay que tener, y no tenemos, es información. Si alguien se pone en contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Fomento para conocer los balances y el informe que hicieron unos auditores de las autopistas radiales de Madrid que el Estado absorbe, le contestan con largas. Si alguien quiere conocer el estado de las concesiones administrativas de una administración (valor del contrato, años de concesión, ...) lo tendrá extraordinariamente difícil, cuando se trata de una información que mejoraría la competencia. También es dificilísimo saber qué empresas tiene una administración y conocer sus auditorías.
A pesar de que se haya aprobado una ley de transparencia, lo que supone cierta mejora, la información económica en el sector público es insuficiente. Y eso liga, probablemente, con el problema de la corrupción, que por cierto el informe de la CORA no menciona en ningún momento.
Cuando se detecta un caso de corrupción, aparte del escándalo, hay dos cosas que horrorizan a cualquiera que esté interesado en la racionalización del sector público. La primera es que económicamente lo más importante no es el dinero que alguien tenga en Suiza o lo que haya podido defraudar al fisco (esto es el chocolate del loro), sino el gasto público injustificado que se haya podido hacer, que puede ser multimillonario.
La segunda cosa que debería temblar los racionalizadores de la CORA, observando el contenido de los sumarios de corrupción, es que los circuitos de contratación pública hacen aguas o tienen debilidades gravísimas que pueden afectar departamentos enteros. Ya no es cuestión de que se hagan inversiones por un compromiso político en vez de atender el impacto económico, sino que se puedan hacer por compromiso con alguna empresa.
Esto sí que resulta innecesariamente costoso, y si no lo abordan, corren el riesgo de añadir aún más costes, con controles y medidas que no arreglen el problema.