Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), la sociedad encargada en Madrid de la conocida como Operación Chamartín, ahora paralizada en los juzgados, ha convocado una junta de accionistas para el próximo 26 de diciembre con el fin de aprobar una ampliación de capital por importe de algo más de 10 millones de euros. El capital de la empresa, controlada por BBVA, al 72,5%, y por el grupo gallego de construcción San José, al 27,5%, es de 84,8 millones en la actualidad.
A esa cifra llegó a principios de año, después de que la compañía comunicase al Registro Mercantil otra ampliación de capital, en este caso por valor de 11,2 millones de euros. Aquella inyección económica se efectuó en diciembre del año pasado. Tanto la entidad financiera, como la constructora de Jacinto Rey participaron en ella de forma proporcional a su presencia en el capital de la sociedad, que pretende desde hace 20 años llevar a cabo en Madrid el mayor desarrollo urbanístico planteado en una ciudad europea.
Segunda ampliación en menos de un año
La empresa explicó entonces que la ampliación de capital respondía a la necesidad de ir pagando los honorarios de arquitécticos y técnicos y de ir adquiriendo terrenos. En esta ocasión, Economía Digital no ha hallado respuesta por parte de la compañía a las motivaciones que han impulsado esta segunda ampliación en menos de un año.
La ampliación de capital se produce en un momento especialmente controvertido para el proyecto que lleva dos décadas acumulando retrasos. Este julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la Operación Chamartín. El proyecto urbanístico comprendía el soterramiento de las vías de la estación de tren para liberar espacio y ampliar el Paseo de la Castellana y la línea 10 de metro. En cuanto al espacio liberado, a finales de 2008 se aprobó un proyecto que contemplaba la construcción de los mayores rascacielos de España, 16.000 viviendas y edificios de oficinas en terrenos de ADIF.
Parado en los juzgados
La justicia, sin embargo, ha paralizado la operación. El TSJM considera que el proyecto de la Castellana vulnera la Ley de Suelo de la comunidad, que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan de marzo de 2011 contemplaba levantar torres de más de 20 pisos.
No obstante, informaciones publicadas en diversos medios económicos insisten en la voluntad de los accionistas de Duch en seguir adelante con el proyecto. Para ello, el pasado septiembre, BBVA, el socio mayoritario, fichó como nuevo primer ejecutivo para el controvertido proyecto a David Martínez, hasta ahora gerente del desarrollo inmobiliario de Valdebebas.
Fue Renfe, hace dos décadas, la que adjudicó a Duch el concurso para promover la Operación Chamartín. En teoría, el próximo 1 de enero de 2014, la sociedad tendría que abonar el pago de casi 1.000 millones de euros por los terrenos a la compañía ferroviaria y al administrador de infraestructuras, ADIF. No obstante, el bloqueo judicial tras la sentencia dictada por la justicia madrileña ha congelado, de momento, los pagos.
A esa cifra llegó a principios de año, después de que la compañía comunicase al Registro Mercantil otra ampliación de capital, en este caso por valor de 11,2 millones de euros. Aquella inyección económica se efectuó en diciembre del año pasado. Tanto la entidad financiera, como la constructora de Jacinto Rey participaron en ella de forma proporcional a su presencia en el capital de la sociedad, que pretende desde hace 20 años llevar a cabo en Madrid el mayor desarrollo urbanístico planteado en una ciudad europea.
Segunda ampliación en menos de un año
La empresa explicó entonces que la ampliación de capital respondía a la necesidad de ir pagando los honorarios de arquitécticos y técnicos y de ir adquiriendo terrenos. En esta ocasión, Economía Digital no ha hallado respuesta por parte de la compañía a las motivaciones que han impulsado esta segunda ampliación en menos de un año.
La ampliación de capital se produce en un momento especialmente controvertido para el proyecto que lleva dos décadas acumulando retrasos. Este julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la Operación Chamartín. El proyecto urbanístico comprendía el soterramiento de las vías de la estación de tren para liberar espacio y ampliar el Paseo de la Castellana y la línea 10 de metro. En cuanto al espacio liberado, a finales de 2008 se aprobó un proyecto que contemplaba la construcción de los mayores rascacielos de España, 16.000 viviendas y edificios de oficinas en terrenos de ADIF.
Parado en los juzgados
La justicia, sin embargo, ha paralizado la operación. El TSJM considera que el proyecto de la Castellana vulnera la Ley de Suelo de la comunidad, que limita a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan de marzo de 2011 contemplaba levantar torres de más de 20 pisos.
No obstante, informaciones publicadas en diversos medios económicos insisten en la voluntad de los accionistas de Duch en seguir adelante con el proyecto. Para ello, el pasado septiembre, BBVA, el socio mayoritario, fichó como nuevo primer ejecutivo para el controvertido proyecto a David Martínez, hasta ahora gerente del desarrollo inmobiliario de Valdebebas.
Fue Renfe, hace dos décadas, la que adjudicó a Duch el concurso para promover la Operación Chamartín. En teoría, el próximo 1 de enero de 2014, la sociedad tendría que abonar el pago de casi 1.000 millones de euros por los terrenos a la compañía ferroviaria y al administrador de infraestructuras, ADIF. No obstante, el bloqueo judicial tras la sentencia dictada por la justicia madrileña ha congelado, de momento, los pagos.